Aunque la implementación de los pliegos tipo –esquema para estandarizar la contratación pública y reducir los casos de corrupción mediante adjudicación dirigida de contratos– ha generado avances en la pluralidad de oferentes en diversos procesos y ha contribuido a que las entidades estatales hagan un proceso de compra eficiente, aún subsisten prácticas que van en contravía de esos objetivos.

Y es que el viejo dicho de ‘hecha la ley, hecha la trampa’ está cobrando vigencia en la contratación de obras de infraestructura de transporte, según un seguimiento detallado que viene haciendo la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que halló tres prácticas indebidas que, a su juicio, están atentando contra los postulados de transparencia, pluralidad y abierta competencia.

Se trata de una situación grave que llevó al presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, a remitirle hace una semana una carta a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en la que explica la manera como algunas entidades públicas, como contratantes, vienen alterando los pliegos tipo y desangrando el erario.

Esto, mediante procesos de selección dirigidos que evidentemente terminan en el reparto de coimas y sobornos entre funcionarios y contratistas corruptos.
Las irregularidades

El primer hallazgo de la CCI es la alteración de los documentos tipo por varias entidades públicas que contratan obras de infraestructura de transporte, toda vez que, no obstante el carácter inmodificable de estos documentos estandarizados, como lo previó decreto 1082 de 2015, se siguen encontrando entidades que no acogen íntegramente los documentos tipo.

Por ejemplo, el análisis del gremio encontró que se están haciendo modificaciones en el anexo 1-anexo técnico, con base en las cuales les piden a los oferentes que junto con la propuesta presenten las hojas de vida de los profesionales y los soportes de disponibilidad de la maquinaria solicitada, para que su oferta sea hábil, o donde se modifican y acortan los pasos y tiempos mínimos para la preparación y presentación de las propuestas.

Una segunda práctica irregular detectada en el seguimiento de la CCI está relacionada con la aplicación, en contra de las normas, de criterios de evaluación subjetivos, situación visible en que aunque las entidades implementan los documentos tipo, en la etapa de evaluación de las ofertas aplican criterios no
previstos en los pliegos tipo, excediendo sus competencias, lo que evidencian una estrategia de restricción del mercado y una dirección hacia ciertos oferentes para la adjudicación del proceso, dejando por fuera de competencia a empresas idóneas.

Al respecto, en su carta a la Procuradora, Caicedo Ferrer reseña un caso en el que se encontró que un comité evaluador requirió a las empresas prestadoras de salud (EPS) para que validaran el estado de los aportes en salud que los proponentes presentaron en el marco del proceso de selección a través del formato n.º 6 de los pliegos tipo.

“En este caso, la extralimitación de las funciones del comité evaluador desconoció el principio de buena fe, pues dentro de las exigencias del pliego tipo se manifiesta por parte de cada uno de los proponentes, bajo la gravedad de juramento, que se encuentra a paz y salvo por este concepto, situación que llevó a la entidad a declarar no hábil a una gran cantidad de proponentes”, manifestó el dirigente gremial en la misiva.

Ante estas situaciones, la CCI le pidió a la procuradora general, Margarita Cabello, una reunión urgente para explicar estas preocupaciones, pero además para elaborar una hoja de ruta liderada por esta entidad pública para prevenir, combatir y sancionar ejemplarmente prácticas tan corruptas como nefastas.
Según el gremio, es clave que las acciones y sanciones que adopte el Ministerio Público sean divulgadas y conocidas por la opinión pública, buscando que se desmantelen dichas actividades ilícitas y se disuada ejemplarmente a quienes pretendan insistir en ellas.

Hay más de mil alertas tempranas

En el país han sido revisados 4.029 procesos de documentos tipo por la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), indicó José O’Meara, director de la entidad.

De ahí se han generado más de 1.200 alertas tempranas y se han oficiado 500 procesos de presunto incumplimiento a los órganos de control.

Entre las modificaciones más comunes figuran la falta de justificación en la complejidad de la matriz de experiencia, el acogimiento de nuevos factores de desempate, la convocatoria de visita de obra estando suspendida y la eliminación o modificación de las causales de rechazo.

Convenios para eludir la obligación

En la alerta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) a la Procuraduría quedó plasmada una tercera práctica, consistente en eludir los pliegos tipo mediante el uso de los convenios interadministrativos.

En este sentido, la comunicación señala que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, especialmente en los entes territoriales, están acudiendo a convenios con empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, para que sean ellas las que contraten las obras no solo de infraestructura de transporte, sino de agua potable y saneamiento, educación, salud y deportiva. Con ello están eludiendo la Ley 2022 de 2020 y la directiva presidencial 01 del 3 de marzo de 2021, que instruye a dichas entidades para que adopten y hagan uso de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente (CCE), o Agencia de Contratación Pública del país.

“Por la vía de las empresas con régimen de contratación privado, los procesos de selección incorporan requisitos habilitantes exorbitantes y particulares, así como criterios de evaluación (puntuables) subjetivos, que conducen a la indeseada situación de únicos oferentes, incumpliendo los principios de transparencia y selección objetiva que impiden la sana competencia”, advirtió el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo.